Medi Ambient reclama más ambición y recursos a la Ley estatal de Residuos. El director general, Sebastià Sansó, reclama que la recaudación del impuesto sobre los envases de plástico desechable sea gestionada por las comunidades autónomas. La dirección general de Residus i Educació Ambiental ha presentado 19 alegaciones al anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Entre las principales demandas, se reclama que los objetivos de reducción de residuos que plantea el proyecto estatal sean los mismos de la Ley 8/2019 de Residuos y Suelos contaminados de las Islas Baleares, más ambiciosos que los que propone el MITECO.

Así, se reclama aumentar hasta un 20% el objetivo de reducción de residuos para 2030, en vez del 15% que propone el Estado. Además, se propone avanzar, a julio de 2021, la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad de la recogida separada de las fracciones de bioresiduos, textil, aceites de cocina usados, poda y residuos peligrosos domésticos, que tienen que ir a cargo de las entidades locales.

Otro punto de la Ley balear de Residuos que se propone en el Estado que adopte es el de la prohibición de los productos alimentarios en monodosis y los utensilios desechables en los establecimientos del sector HORECA. Esta prohibición se extendería, siguiendo también el modelo de la Ley aprobada por el Parlamento el 2019, a la venta, distribución y uso de platos, cubiertos, vasos y bandejas alimentarias hechos con material no compostable desechable. En este sentido, la dirección general ofrece que el archipiélago puedan ser el escenario de pruebas piloto relacionadas con la puesta en marcha de las medidas más ambiciosas que ya contempla la normativa balear.

La carencia de garantías en términos de dotación económica para cumplir con los objetivos centra otras alegaciones presentadas por la Conselleria de Medi Ambient i Territori. Así, por ejemplo, se reprocha que el impuesto especial sobre los envases de plástico que prevé el Anteproyecto de Ley no sea finalista y se pide, en este sentido, que se rectifique y se asegure que la recaudación de este tributo se destina a medidas ambientales directas, como por ejemplo la reducción de impuestos a los modelos de negocio más respetuosos con el modelo de reducción de residuos y fomento de la economía circular, además de dotar de recursos a las comunidades autónomas para el cumplimiento de la Ley. Se reclama, además, que el pago por generación sea obligatorio para poder asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Otras peticiones que se han enviado están relacionadas con la necesidad de garantizar la disponibilidad datos fiables, de ámbito estatal y autonómico, para poder verificar el cumplimiento, por parte de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, de los objetivos marcados.

La ampliación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAPE) es otra de las alegaciones. En este sentido, se pone, una vez más, como ejemplo, la Ley balear de Residuos, que prevé desarrollar sistemas de recogida selectiva de productos de cápsulas de café, mecheros o maquinillas de afeitar, además de añadir otros que, por ejemplo, ya se han implantado en Francia, como productos de higiene íntima, colchones o juguetes, entre otros. En relación con el RAPE previsto para el textil y los plásticos agrícolas se alega que entren en vigor en un plazo máximo de 2 años una vez entre en vigor la Ley y no en 5, tal como se expone al anteproyecto.

Finalmente, la Conselleria reclama en el Estado que solucione, en un plazo máximo de seis meses, las carencias actuales en cuanto a la regulación de las subvenciones al transporte marítimo de residuos, un problema que ya ha supuesto un gasto de seis millones de euros al Gobierno, que se ha visto obligado a asumir el gasto por el transporte de los residuos de Formentera.

En este sentido, Sansó ha recordado que «la Ley estatal de 2011 establece de manera clara e inequívoca que la Administración del Estado establecerá medidas que financien el sobrecoste del transporte marítimo y no lo ha hecho». En este sentido, Sansó ha añadido que «ahora toca asegurar tanto que nos devuelvan los seis millones de euros como que de cara al futuro asuman el sobrecoste que supone para Formentera».