El PP de Mallorca exige al gobierno español la derogación del decreto del registro de viajeros por “vulnerar la privacidad” y por los “problemas operativos que conlleva”. La formación presenta una moción en el Consell de Mallorca para instar al ejecutivo de Sánchez a eliminar la normativa y abrir un diálogo con las empresas afectadas.

El Partido Popular del Consell de Mallorca reclama la derogación inmediata del Real Decreto 933/2021, que obliga a las empresas de alojamiento y alquiler de vehículos a cumplir unas exigencias de registro documental e información que, según el PP, son “inaceptables”. Según la formación, esta normativa “genera graves problemas operativos y económicos para las pequeñas y medianas empresas turísticas” y, además, “vulnera la privacidad de los viajeros al exigir la recopilación de hasta 30 datos por reserva de alojamiento y hasta 60 en el caso del alquiler de vehículos”.

La portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, considera que esta nueva normativa “no tiene en cuenta la realidad del sector” y “obliga a los negocios a afrontar una carga administrativa y tecnológica excesiva, lo que puede repercutir directamente en la competitividad del turismo mallorquín”. Riera también ha destacado que el decreto ha sido “impuesto sin diálogo” y sin la suficiente consulta a las empresas afectadas.

Además, la portavoz ha denunciado la “falta de preparación técnica” para la implementación del Real Decreto, lo que, según ella, ha derivado en un “auténtico caos operativo”. Una situación agravada por la “inacción” del Gobierno central, que “no ha respondido a las peticiones de las diferentes asociaciones del sector ni ha abierto vías efectivas de comunicación con los afectados”. Esto, según Riera, “perjudica especialmente a aquellas empresas más pequeñas, que disponen de menos recursos para asumir nuevos costos y requisitos legales”.

El Real Decreto tiene como objetivo reforzar la seguridad pública y prevenir los delitos, pero ha generado un amplio debate por el fuerte impacto que supone sobre la privacidad de los usuarios y los costos de gestión para los empresarios. Para Riera, esta normativa, “aprobada sin consensuarse con el tejido empresarial”, es “desproporcionada” y requiere su derogación inmediata.