Opinión: Magdalena Riera. Manacor necesita saber la verdad sobre inmigración y delincuencia. Manacor ha experimentado una transformación demográfica importante. La llegada de miles de personas de diferentes nacionalidades ha cambiado la composición de su población y forma ya parte de la realidad cotidiana del municipio. La inmigración contribuye a la economía, al mercado laboral y a la vida social, pero también plantea retos que las administraciones no pueden esquivar. Uno de ellos es la seguridad ciudadana. Los vecinos quieren vivir tranquilos, poder salir a la calle, proteger sus viviendas y sus negocios y tener la certeza de que los delitos tienen consecuencias. No es una exigencia política ni ideológica: es un derecho.

Por eso resulta incomprensible que no dispongamos de una radiografía suficientemente detallada de la delincuencia en Manacor. Sabemos cuántos delitos se registran, pero no tenemos un desglose municipal público que permita conocer las nacionalidades de las personas detenidas e investigadas, ni comparar esos datos con el peso de cada colectivo en la población. ¿A qué esperan las administraciones para ofrecer información más completa? La transparencia no puede depender de la sensibilidad política de cada momento. Si existen diferencias en los indicadores de delincuencia, deben poder analizarse con rigor, sin ocultarlas y sin convertirlas en acusaciones generalizadas.

Tampoco se puede caer en el error contrario: atribuir la delincuencia a la inmigración como si todos los extranjeros fueran sospechosos. Quien delinque debe responder ante la justicia, sea español o extranjero. Y quien cumple la ley merece el mismo respeto y consideración, independientemente de su procedencia. Manacor necesita más prevención, más presencia policial, medios suficientes y una política de integración que exija derechos, pero también deberes. La convivencia no puede sostenerse sobre la impunidad, la falta de información o el silencio institucional. Hay que llamar a las cosas por su nombre: si existe un problema de delincuencia, hay que reconocerlo, cuantificarlo y combatirlo. Y si no existen datos que permitan conocer su alcance real, hay que publicarlos. La seguridad de los ciudadanos no puede convertirse en un asunto incómodo que nadie quiera abordar.